La discusión presupuestaria del sector salud en Chile suele concentrarse en la expansión del gasto per cápita y en la cobertura de la deuda hospitalaria acumulada. Sin embargo, los diagnósticos internacionales y la evidencia empírica acumulada tras dos décadas del régimen AUGE/GES demuestran que el factor crítico no es la cuantía nominal de los recursos, sino la arquitectura de incentivos con la que se gestionan.
Hoy en día, más de 2 millones de consultas de especialidad y cientos de miles de cirugías continúan aguardando en listas de espera que amenazan con desbordar la capacidad instalada de nuestros hospitales de alta complejidad. La fragmentación entre la red pública y los prestadores privados, sumada a una insuficiente gobernanza sobre la productividad de pabellones en horario vespertino, genera pérdidas irreparables de oportunidad terapéutica.
1. Hacia un nuevo contrato asistencial
Requerimos un cambio de paradigma: migrar de presupuestos históricos hacia mecanismos de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) rigurosamente auditados, donde los equipos de salud tengan estímulos tangibles por resolver patologías en tiempo y forma. El paciente de Fonasa no puede ser un espectador pasivo de descoordinaciones administrativas.
2. Transparencia y alianzas estratégicas
La colaboración público-privada no debe entenderse como una concesión ideológica, sino como un imperativo ético de salvaguarda de la vida. Cuando un quirófano permanece ocioso después de las 14:00 horas mientras una persona espera 400 días por una colecistectomía, el sistema entero está fallando en su vocación primordial.
El horizonte de 2026 exige valentía política y rigor técnico para acometer una modernización de la gestión que ponga, de una vez y para siempre, al paciente en el centro de todas las decisiones.
